Argentina, 1985. Un diálogo entre el pasado y el presente

La película de Santiago Mitre

Arropada por los comentarios positivos obtenidos en Venecia y en San Sebastián, donde fue proyectada en el marco de sendos festivales, y habiendo conseguido el premio del público (¿hay algún otro más importante?), Argentina 1985 se proyectó en salas marginadas de las grandes cadenas cinematográficas, que se lamentaban de haberla rechazado –por tener estreno fijo en una plataforma de streaming tres semanas después del estreno y para todo el mundo– al ver el éxito de público que tuvieron durante ese tiempo tan acotado.

La película rompió récord de taquilla y ya se ve compitiendo en la entrega de los Oscar. Es que toca un tema muy sensible para sus compatriotas… y también para los de aquellos países vecinos que vivieron dictaduras tan letales como la de 1976 en la Argentina. La historia que nos cuenta no es ajena a nadie, hubo argentinos exiliados en el resto de América y en Europa, que llevaron con ellos los rastros de un país arrasado por el dolor.

Siguiendo a Marc Ferró, podríamos considerarla una película de reconstitución histórica, ya que evoca un hecho del pasado reciente, interpretado desde el presente, con la finalidad de darle difusión al acontecimiento histórico. Es una reflexión sobre un hecho sucedido en Buenos Aires, en 1985, bajo la reconstitución honesta de un momento bisagra en la historia de la Argentina.

La Argentina es el primer país del mundo en enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos desde el aparato estatal (mediante una dictadura) contra su población civil. Y no es una historia del pasado, como muchos pretenden hacernos creer, ya que aún, pasados casi cuarenta años de los hechos, todavía, en 2022,  en los tribunales argentinos se sigue juzgando a los responsables del golpe cívico-militar de 1976 y las atrocidades cometidas hacia mujeres y hombres de toda una generación, que hallaron, en los sótanos de la dictadura, la tortura o la muerte. La mayoría de ellos, convertidos en desaparecidos, encontraron, en los sobrevivientes, la valentía suficiente para atestiguar en su nombre ante un tribunal contra los militares responsables de delitos de lesa humanidad.

Recrear una historia en el cine permite llegar a un público más extenso. Si se trata de un acontecimiento reciente, nuestra memoria, compuesta de imágenes construidas sobre el suceso, guarda detalles que no siempre tienen coincidencias con los hechos objetivos, pues los recuerdos están teñidos por las condiciones anímicas que cada cual tenía en el momento ahora recreado. Afirmaba, al comienzo, que la película fue muy bien recibida en el extranjero. En cambio, en la Argentina, con espectadores que aún recuerdan ese juicio histórico y el papel que cumplía cada uno de sus protagonistas, las críticas sobre sus carencias se han incrementado. Kracauer tenía razón cuando decía que el cine histórico tiene sus propios límites y debería juzgarse con criterios diferentes a los de la historia escrita.

En este caso, las fuentes en que se inspiraron los guionistas fueron testimoniales, así que la recreación de la Sala de Audiencias en Tribunales y la disposición de los distintos actores ha sido reproducida fielmente. Lo mismo sucede con la caracterización de los fiscales, los acusados, los jueces y los testigos. Reconocemos en sus personajes a los verdaderos protagonistas de la historia. Sin embargo, hay actores colectivos e individuales apenas esbozados, detectables por quienes vivimos a través de los medios esos sucesos: la acción de la Conadep, que recogió todos los testimonios que permitieron iniciar el juicio; las Madres de Plaza de Mayo, verdaderas heroínas que en la búsqueda de sus hijos e hijas;  la firme voluntad del presidente Alfonsín para que se realizara este juicio; las actividades previas del fiscal durante la dictadura, culpado de ser funcional al gobierno de facto en tiempos del denominado Proceso; el discurso del ministro Trócoli y la “teoría de los dos demonios”[1]; o la gran colaboración del antropólogo estadounidense Clyde Snow, que alertó sobre la importancia del ADN, dando lugar a la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que aún hoy sigue encontrando restos de los desaparecidos e identificando a hijos con identidades sustraídas.

Santiago Mitre y Mariano Llinás encontraron una nueva veta para explotar en la cinematografía argentina tan escasa de películas de género judicial, y lo han logrado con una historia conmovedora, personajes creíbles y una tensión narrativa efectiva. Quizás se deba esa escasez a que hasta 1992, la mayoría de los juicios en el país se resolvían por vía escrita. A partir de entonces, podemos mencionar películas como El caso María Soledad (1993), de Héctor Olivera, sobre un femicidio que involucró a la clase política; La nave de los locos (1995), de Ricardo Wüllicher, que narra un conflicto con pueblos originarios; o Monzón, el segundo juicio (1996), de Gabriel Arbós, sobre otro femicidio cometido por el campeón mundial de boxeo.

El tema elegido por los autores de Argentina 1985 pasa a otro estadio. Se trata de un juicio colectivo a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad: la tortura, la muerte o la desaparición de una generación ideológicamente formada. La locación utilizada fue la misma Sala de Audiencias del Palacio de Justicia (Tribunales), donde se llevó a cabo el juicio y se respeta fielmente imágenes recogidas por innumerables fotografías en blanco y negro que ilustraban los periódicos de la época al final de cada jornada. Fue un juicio que le abría los ojos a aquellos que sostenían “no haberse enterado” de lo que sucedía, sorprendía a quienes habían confiado en ese gobierno de militares y pretendía brindar justicia a esas madres que cada jueves daban vueltas en la Plaza de Mayo (porque estaban prohibidas las reuniones en la vía pública), reclamando justicia para sus hijos desaparecidos.

El juicio había sufrido cantidad de presiones castrenses y políticas para ser abortado. La mayoría de los funcionarios judiciales había servido durante la dictadura, por lo que enjuiciar a sus jerarcas era como estar en un campo minado. Hubo valentía del gobierno y del único fiscal en que recayó la causa, Julio César Strassera (Ricardo Darín), quien lideró la investigación con la ayuda de un joven inexperto, Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), y la colaboración de estudiantes de Derecho sin vínculos políticos. Si bien las sesiones del juicio, al ocurrir en un recinto poco atractivo, pueden considerarse monótonas, no lo son, debido a los momentos que ocurren en el exterior de la Sala de Audiencias, en el hogar de Strassera o en las oficinas de Tribunales, donde algunas pinceladas de humor alivian el peso de las escenas más fuertes, como son los desgarradores testimonios elegidos, cuya dureza y valentía destacan por igual. La atmósfera de los espacios cerrados es deprimente, con luces mortecinas en el hogar y muebles de metal despintado en los espacios públicos. La Sala de Audiencias, revestida en madera, da cierto sentido respetable al ambiente donde se trata la Justicia, es un espacio ya codificado, donde las partes ocupan cada una su puesto: en el lugar más destacado, la mesa de los jueces, enfrentada a la fila de los acusados. A  la izquierda, los fiscales. A la derecha los abogados defensores. Al fondo, el público. Trajes oscuros, pañuelos blancos y una fila de militares esperando su condena, mientras van desgranándose distintos relatos que hunden cada vez más a esa fila cuasi anónima de acusados. Actúan como ente colectivo, representados por abogados vergonzosos que, casi sin espacio en el relato, defienden lo indefendible.

Santiago Mitre y Mariano Llinás consideraron que ya había pasado suficiente tiempo para tratar un tema que vendría a calzar perfectamente hoy en una sociedad argentina dividida por una grieta entre una oposición de derecha que obedece a los mercados y el oficialismo de centro-izquierda, que intenta llevar a cabo sus objetivos, truncados por la pandemia y una guerra que han afectado económicamente no solo al país, sino al mundo entero. Oficialismo y oposición están integrados por varias fuerzas, entre las que también se están abriendo nuevas grietas.

En Argentina 1985 el juicio cobra un sentido ético, ejemplar. Unió en ese momento a los argentinos de manera reparadora. Lo que extrañamente sucede cuando estamos en la sala, con imágenes familiares de una época que queremos pero no debemos olvidar, es que entendemos la película como una paráfrasis de la realidad. Nos lleva a esos tiempos oscuros, a esa Argentina triste, de colores apagados, con humo en los ambientes atestados de muebles y cosas inútiles, con sentimientos doblegados por el miedo y una sensación de que nunca se haría justicia. El juicio fue incompleto, pero ejemplar. Abrió una instancia superadora en una Argentina devastada. Creó en la gente la sensación de una esperanza, largamente esperada.

No lo sabíamos entonces, pero la democracia había llegado para quedarse. La sociedad comenzó su proceso de curación a través de este juicio. Cuidar la democracia debería ser hoy el objetivo primordial de todos los argentinos. Porque ha costado mucho conseguir mantener los distintos gobiernos por elecciones libres e ininterrumpidas desde hace casi cuarenta años, pero sobre todo, porque vivir en libertad es mejor que vivir en dictadura.

El juicio a las Juntas

El juicio de corte civil, debido a la demora de la justicia militar en iniciarlo, comenzó el 22 de abril de 1985. Fueron más de cuatro meses en que se escucharon en el estrado los testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, recogidos por la Conadep (Comisión Nacional de la Desaparición de Personas), mientras los comandantes de las tres juntas de gobierno del denominado Proceso de Reorganización Nacional asistían inconmovibles. Eran nueve hombres frente a seis jueces, dos fiscales y un público ávido de justicia que se agolpaba detrás de los acusados.

La tarde del 11 de septiembre, el fiscal Julio César Strassera comenzó a leer su alegato, que estremeció a la audiencia: “Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia del tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir, a lo largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país (…) Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador”. Nueve mil desaparecidos eran los registrados hasta entonces por la Conadep, cifra que, con las investigaciones, se incrementaría desproporcionadamente en los años siguientes, con la revelación, incluso, de los más de 400 niños apropiados.

El juicio dejó en evidencia el aparato de represión utilizado, las detenciones clandestinas y el llamado “botín de guerra”, por el cual saqueaban las viviendas de los secuestrados. El procedimiento consistía en detención de los sospechosos, privación ilegítima de la libertad, tortura en los interrogatorios, clandestinidad y eliminación física de los detenidos, mediante una organización verticalista de las fuerzas armadas y agentes policiales, que respondían a sus mandos superiores.

El 9 de diciembre, cinco de los nueve comandantes fueron condenados por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio durante su gobierno y los demás fueron absueltos. El cierre del alegato de Strassera conmovió a todos. Redactado por el dramaturgo Carlos Somigliana, finalizaba con la frase que titulaba el informe de la Conadep y que ya está grabada a fuego en la historia argentina. Strassera pedía que el tipo de hechos juzgados no se repitieran “nunca más”. Era un hecho trascendental, no solo en la Argentina, sino en países de la región, donde a través del Plan Cóndor se replicaba la desaparición sistemática desde el poder.

El informe Nunca más fue publicado por la Universidad de Buenos Aires en 1984 y describe la acción represiva del Estado durante 1974-1983, el listado de las víctimas, el papel del Poder Judicial durante la etapa de desaparición forzada de persona, la organización de la Conadep, el respaldo doctrinario de la represión y una serie de recomendaciones para las víctimas y sus familiares. De allí surgió la convocatoria a los testigos que denunciaron a las Juntas en el Juicio, gracias a quienes personas como Videla o Massera murieron en cautiverio, habiendo tenido el juicio justo que le negaron a sus víctimas.

La Televisión Pública estuvo encargada de grabar las audiencias. El resultado fue de más de 700 testimonios recogidos en 530 horas de grabaciones, compilados en tres discos rígidos con 532 archivos de video en formato AVI, color y sonoro. Por temor a que alguien los eliminara o robara, se preservaron durante años en el Parlamento noruego. Copias de este material pueden consultarse en Memoria Abierta y en la Universidad de Salamanca.

El 30 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia apelada por los acusados. Las presiones castrenses, mediante levantamientos militares, lograron que el presidente Raúl Alfonsín aplicara en 1986 la Ley de Punto Final (un compromiso a no seguir investigando los hechos de la dictadura) y en 1987, la de Obediencia Debida (perdonaba a los subordinados por obedecer órdenes del alto mando militar). El 29 de diciembre de 1990, los argentinos no podían creer que el presidente Carlos Menem dictaba el indulto a los condenados.

Hubo que esperar a 2003 para que el presidente Néstor Kirchner iniciara un cuestionamiento judicial sobre la constitucionalidad de los indultos. En 2010, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia confirmó la nulidad de los indultos y ordenó que los condenados cumplieran las penas impuestas. En 2006, se reiniciaron los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y se condenó a 1058 personas en 273 sentencias por crímenes de lesa humanidad.

Actualmente, se contabilizan 275 causas en etapa de instrucción, 273 sentencias, 65 aguardan inicio de debate y 20 están en juicio. Hay un total de 542 procesados, 142 con falta de mérito y 573 imputados, 34 esperan resolución y 96 han sido sobreseídos. Hay 22 prófugos. Desde que se iniciaron los procesos, han fallecido, antes de obtener sentencia, 964 personas investigadas. Se contabilizan 764 detenidos y 1532 en libertad. Hay 579 personas con prisión domiciliaria, 118 en penitenciarías y 67 en instalaciones militares[2].

Por todo esto, volvemos a afirmar que no se trata de una historia del pasado, sino que aún es del presente… y lo será hasta que se identifiquen los restos del último desaparecido y aparezcan todos los niños apropiados, hoy hombres y mujeres a quienes se les ha sustraído su identidad.

 

NOTAS

[1] A grandes rasgos, la “teoría de los dos demonios” sostenía que militares y guerrilleros habían sostenido una guerra. En las guerras combaten ejércitos regulares con fuerzas equivalentes, en cambio, en la Argentina de 1976-1983 se trataba de una “guerra” desigual, entre militares criminales que habían asaltado el poder y grupos armados que pretendían recuperarlo, sin que conformaran un ejército regular ni con los derechos de los prisioneros de cualquier guerra (la rendición, el juicio, etcétera).

[2] Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (marzo, 2022).